Regulación de comisiones a datafonos, el Banco Central y la nueva ley 9831

Abstract

Por muchos años Costa Rica ha tenido un sector financiero oligopólico que gracias a las carencias regulatorias se ha permitido que los agentes financieros lucren de manera extraordinaria con el dinero de los consumidores costarricenses, lo anterior, producto de prácticas de cartel u oligopolio que les han permitido fijar precios sin mayores controles sociales y regulatorios. En esta columna les voy a contar como nos han venido sacando el dinero de los bolsillos con las comisiones, de emisión y adquirencia por el uso de tarjetas de crédito y de débito, y sobre todo, la necesidad de corregir lo anterior de manera coherente con lo establecido en la ley 9831. Es claro que existen deficiencias importantes en la regulación que se pretende instalar desde el Banco Central y muy poca coherencia y transparencia con respecto a la metodología definida para obtener los precios topes de las comisiones, lo que claramente atenta contra el bienestar de los consumidores que podrían tener que pagar hasta tres o más veces, el promedio de la norma internacional en los países que tienen mejores prácticas.

For many years Costa Rica has had an oligopolistic financial sector that thanks to regulatory shortcomings has allowed financial agents to make extraordinary profits from the money of Costa Rican consumers, This is the product of cartel or oligopoly practices that have allowed them to set prices without greater social and regulatory controls. In this column I will tell you how we have been getting money out of our pockets with commissions, issuance and acquisition for the use of credit and debit cards, and above all, the need to correct the above in a way consistent with what is established in law 9831. It is clear that there are significant deficiencies in the regulation that the Central Bank intends to implement and very little consistency and transparency with regard to the methodology defined to obtain the fee caps, which clearly undermines the well-being of consumers who may have to pay up to three or more times, the average international standard in countries with best practices.